Los retos de la planeación local y el presupuesto participativo en la implementación del Acuerdo Final

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Ricardo Jaramillo Rincón

Asesor de la Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía

Secretaría Técnica de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Hay al menos tres niveles en los cuales la planeación participativa aparece en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AF): como disposiciones específicas para la formulación e implementación de una política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa (numeral 2.2.6.); como enfoque para el diseño y puesta en marcha de dispositivos de paz territorial como: los Planes de Acción para la Transformación Regional, Programas de Desarrollo Especial con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo, además del componente participativo de los Planes para la Reforma Rural Integral[1] y como entrada para la construcción de paz territorial. En este artículo se presentan algunas propuestas en relación con estos asuntos.

En relación con el primer asunto, la planeación local participativa es un elemento transversal en el AF. Desde su Introducción, el texto señala:

“La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia” [p.7, cursiva fuera de texto].

El numeral 2.2.6. del Acuerdo plantea de manera específica cinco de los temas sobre los cuales se requiere avanzar para promover esa participación en la planeación:

-                  Revisión de las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación.

-                  Prestar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación.

-                  Revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación;

-                  Fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales.

-                  Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los derechos de las mujeres en el nivel local.

La mayoría de estos temas se encuentran definidos en la Ley 152 de 1994 por lo que una de las rutas de acción en la implementación normativa del AF en esta materia consiste en promover una reforma de esta ley[2]. La modificación de la Ley 152 de 1994 deberá contemplar al menos los siguientes temas:

Puesta al día de los enfoques para la planeación: Los principios consagrados en la Ley 152 de 1994 deben actualizarse a la luz de los desarrollos políticos, jurídicos y conceptuales de los últimos 23 años en materia de enfoque basado en derechos humanos, enfoque de género, enfoque diferencial, enfoque territorial y participación ciudadana.

Democratización y fortalecimiento del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales de planeación: es necesario ampliar la composición de estos consejos, democratizar y promover la transparencia en los procesos de elección de consejeros y consejeras, de manera que sean escogidos por las organizaciones y movimientos sociales y no designados por parte de las autoridades ejecutivas de cada nivel territorial y, de manera especial, la promoción de la paridad en la representación entre mujeres y hombres y la formulación de medidas para democratizar la carga del cuidado en las mujeres para el fomento de su participación. También se deben generar mecanismos para que estos consejos funcionen de manera permanente y para que los conceptos e informes que emiten sean considerados efectivamente por las autoridades y conocidos por la ciudadanía en general. Este proceso está estrechamente relacionado con la necesidad de avanzar en la promulgación de una Ley Estatutaria de garantías para la participación de organizaciones, movimientos sociales para la movilización y la protesta social, para lo cual se adelantó una amplia deliberación ciudadana como estaba establecido en el AF[3], pero que no fue presentado por el Gobierno Nacional durante la pasada legislatura.

Sistema Nacional de Planeación: La Ley 152 de 1994 no desarrolló el inciso final del artículo 340 de la Constitución Política, según el cual el Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación, en la medida en que no estableció la estructura, los mecanismos de articulación ni las formas de funcionamiento del Sistema por lo que se requiere incluir en la reforma de esta ley la estructura del sistema, su conformación, objetivo, funciones, fuentes de recursos y formas de articulación con otras instancias de planeación participativa y de participación ciudadana.

Presupuestos participativos: El presupuesto participativo es un proceso principalmente local aunque se encuentra recogido en normas nacionales como la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” (artículo 40) y la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” (artículos 90 a 93 y artículo 100). Dada su estrecha relación con la planeación participativa se requiere incluir en esta reforma disposiciones que incentiven la realización de estos ejercicios, la inclusión del enfoque de género de manera determinante en su realización y la posibilidad de adelantar presupuesto participativo con recursos del nivel nacional como se está realizando en la actualidad en países como Portugal[4].


[1]El AF contempla trece (13) planes para la Reforma Rural Integral: Plan Nacional de Vías Terciarias; Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria; Plan Nacional de Electrificación Rural; Plan Nacional de Conectividad Rural; Plan Nacional de Salud Rural; Plan Especial de Educación Rural; Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural; Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural; Plan Nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación; Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos; Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria; Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales; Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

[2] Se trata de un asunto prioritario ya que está dentro del calendario de implementación normativa definido en el numeral 6.1.10 del AF, literal j)

[3]La descripción metodológica del Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social, organizado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana con el apoyo del CINEO, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, las matrices con la información de las deliberaciones regionales y sectoriales y los productos finales de este espacio se encuentran disponibles en la página http://participando.co/.

[4]La información sobre el proceso deOrçamento Participativo en Portugal está disponible en la página https://opp.gov.pt/.

Informe mundial sobre la infancia 2017

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Según la ONG Save the Children, en su informe “Infancias robadas”, para al menos 700 millones de niños y niñas en todo el mundo –y quizás cientos de millones más– la infancia ha terminado demasiado pronto. Las razones principales incluyen la mala salud, los conflictos, la violencia extrema, el matrimonio temprano y el embarazo prematuro, la exclusión de la educación y el trabajo infantil. La infancia debería ser una edad segura para crecer, aprender y jugar. Cada niño y cada niña merece una infancia con amor, cuidado y protección para poder desarrollar todo su potencial. Pero esta no es la experiencia para al menos una cuarta parte de nuestros niños y niñas de todo el mundo. Si desea descargar el informe completo, haga click en el siguiente link: Infancias robadas.

Implementación con enfoque territorial: El momento de la verdad

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Jharry Martínez Restrepo

Sociólogo – Corporación Viva la Ciudadanía

La actual fase de la implementación del acuerdo de Paz es tal vez la más desafiante del proceso. Si bien es cierto en un primer momento el reto del país estaba en lograr tener un acuerdo a pesar de las diferencias no sólo entre los negociadores sino, y probablemente más incisivas, al interior de la clase política; es innegable que la actual fase de implementación significa la materialización real del acuerdo y su espíritu más allá del desarme de las FARC y su proceso de normalización en la sociedad colombiana.

Podríamos decir que la implementación del acuerdo atraviesa tres momentos generales: 1) El fin de la guerra y la reintegración a la sociedad de los exguerrilleros, 2) La legislación e infraestructura para la Paz y 3) la implementación efectiva de los cambios acordados. El primer momento lo hemos atravesado con dificultades, pero de formaexitosa hoy se han entregado 7.132 armas a la ONU quien ha certificado tanto el número como la funcionalidad de las mismas y prepara el traslado de estas armas para ser destruidas y convertidas en monumentos a la Paz, se han dispuesto los operativos necesarios para ubicar y destruir las 900 caletas declaradas por las FARC, los excombatientes están ubicados en los lugares acordados y han comenzado diferentes procesos de tránsito a la vida civil pasado por la capacitación, la cedulación y el reencuentro con sus seres queridos. Frente al segundo momento los últimos meses han sido decisorios, el Congreso de la República ahora como protagonista ha mostrado mesura en el desarrollo de los temas de Paz que en algunos casos, como en la ley de amnistía o en las Circunscripciones Especiales de Paz, ha sido demasiado lento. Sin embargo, se ha avanzado al punto que hoy está abierta la convocatoria para la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La infraestructura para la Paz ha avanzado y aunque aún falta bastante es urgente preparar, organizar y actuar decididamente en torno al tercer momento de este acuerdo que es sin lugar a dudas el más delicado y donde se evidenciará el real éxito del mismo.

La implementación efectiva de los cambios acordados en el proceso de Paz con las FARC es el momento en que las y los colombianos podremos incidir de manera directa en nuestros territorios gracias a este proceso que comenzó en 2012. Muchos expertos han afirmado que será en los resultados de los primeros años donde se podrá evidenciar realmente el éxito o fracaso del acuerdo, ya no en torno a la finalización de la terrible guerra que vivimos por tantos años sino en la transformación directa de las exclusiones que sirvieron de combustible para este conflicto.

Es fundamental un mayor compromiso político y social. La implementación con enfoque territorial obliga a identificar en el acuerdo de Paz, la oportunidad significativa que nos ofrece. Se debe llenar de contenido eso que llamamos territorialización de la implementación del acuerdo, alimentar desde todas las regiones y miradas este nuevo escenario que definitivamente no puede ser aplicado desde la centralidad del país. Este proceso de descentralización y territorialización en la implementación del acuerdo de Paz obliga a acentuar el rol de los habitantes de un territorio específico y para esto es necesario que se plantee por lo menos tres aspectos fundamentales:

1. El enfoque territorial necesita territorios activos: La única forma de lograr romper con la tradición centralista que tanto daño puede hacerle a la implementación del acuerdo es reconocer y construir de manera endógena el liderazgo necesario para la defensa y ejecución del mismo. La enorme posibilidad que significan en este sentido los programas de desarrollo con enfoque territorial, los planes de acción para la transformación regional y las Circunscripciones Especiales de Paz es realizable si estos espacios encuentran en los territorios liderazgos frescos, empoderados y comprometidos con su realidad.

2. La descentralización como un esfuerzo común: Seguramente la herencia entérminos de dirigencia política más nociva para Colombia ha sido la noción de que la toma de decisiones, al menos en su campo más amplio se circunscribe a Bogotá y en el mejor de los casos a las capitales más grandes de nuestro país. Esta noción ha demostrado ser ineficaz y se ha mantenido gracias a una concentración del poder político en estos lugares, la única forma de romper con esto es encaminarnos en la comprensión de que el centralismo afecta negativamente la democracia por lo cual es imperativo un esfuerzo que concientice a las castas políticas y al Gobierno Nacional de la necesidad de reconocer los liderazgos locales y a los actores territoriales en su empoderamiento como agentes políticos de cambio que tienen un rol protagónico en este momento de la implementación.

3. Es necesario el reconocimiento de la diversidad: El acuerdo de Paz en su esfuerzo por descentralizar la implementación, llegó hasta la formulación de mecanismos de gestión desde los territorios, sin embargo la apropiación de estos mecanismos tendrá que pasar por el reconocimiento de las diferencias existentes, y esto obliga a que en los órganos de la implementación se entienda por descentralización y territorialización no sólo la inclusión de todos los territorios sino la diversificación de las formas y los contenidos según la voluntad y la necesidad de los mismos.

Como vemos, el actual escenario es la concreción real del proceso de Paz en la cotidianidad de las y los colombianos, lo cual impone un reto gigantesco. En su momento el papel protagónico lo tuvieron las FARC y el Gobierno Nacional lo que arrojó el fin de esa guerra y el nacimiento de la esperanza, luego fue protagonista el Congreso de la República lo que nos está dejando una infraestructura para la Paz; ahora ese rol principal recae en los actores territoriales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, líderes sociales, hombres y mujeres… Es nuestro turno.

¿Cómo va la paz? Informe No 2

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La evaluación del cese bilateral al fuego es sumamente positiva. Desde mediados de 2016, cuando se firmó, Colombia ha salvado más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado. Igualmente, los indicadores de violencia se fueron a la baja en 2016. En los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de 3.507 homicidios a 3157. Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron.

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